Frente a esta realidad, como candidata al Senado Nacional, junto al candidato al Senado Regional Iván Sequeiros, impulsamos una propuesta concreta para destrabar esta deuda histórica sin poner en riesgo la estabilidad económica del país: la creación del Bono Compensatorio Sectorial (BCS).

¿QUÉ BENEFICIOS TRAE EL BONO COMPENSATORIO SECTORIAL?

El Bono Compensatorio Sectorial permitirá que el Estado avance de manera progresiva en el pago de sentencias judiciales firmes mediante un bono voluntario que los beneficiarios podrán usar principalmente para acceder a una vivienda o financiar educación. La propuesta no crea gasto público nuevo ni genera endeudamiento, ya que organiza el cumplimiento de obligaciones que ya existen dentro de la programación fiscal del Estado.

Según estimaciones técnicas, el mecanismo podría financiar o impulsar la construcción de más de 740 mil viviendas, reducir hasta en 40 % el déficit habitacional y movilizar cerca de USD 148 mil millones en actividad económica.

Además, tendría la capacidad de generar alrededor de 6 millones de empleos directos e indirectos, dinamizando sectores como construcción, servicios y comercio en todo el país.

La emisión del bono sería progresiva, priorizando a quienes llevan más tiempo esperando, y contaría con un registro administrativo supervisado por el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar transparencia.

De aprobarse, el Bono Compensatorio Sectorial podría convertirse en una de las reformas más importantes en la relación entre el Estado y sus trabajadores, transformando una deuda histórica en una oportunidad para impulsar el crecimiento y bienestar social. Porque cumplir con quienes ya ganaron en la justicia no es solo una obligación legal, es una cuestión de confianza y de respeto que el Estado no puede seguir postergando.

El Perú enfrenta hoy una realidad profundamente preocupante: producir alimentos es cada vez más difícil, más caro y más incierto. La combinación de eventos climáticos extremos, dependencia de insumos importados y obras de prevención que no avanzan está creando una tormenta perfecta para el agro peruano.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existen más de 1,7 millones de unidades agropecuarias en el país. En la práctica, esto significa millones de familias cuya estabilidad depende de una cosecha que hoy está más expuesta que nunca. Cuando el agro falla, no solo pierde el productor: suben los precios, se afecta el empleo y se pone en riesgo la seguridad alimentaria de todos los peruanos.

Desde una mirada de gestión y planificación, resulta evidente que el problema no es solo climático. El verdadero riesgo está en seguir reaccionando tarde. El agro necesita lo mismo que nuestras ciudades: orden, estructura y anticipación.

Eventos climáticos más frecuentes y menos prevención

El Fenómeno de El Niño y las lluvias intensas ya no son excepciones. Son parte de una nueva realidad que exige preparación permanente. Cada hectárea que se pierde no es solo una cifra estadística: es trabajo familiar destruido, deuda acumulada y oportunidades que desaparecen en cuestión de horas.

Aquí está el gran desafío del país: dejar de actuar después del desastre y empezar a prevenir antes de que ocurra.

Fertilizantes caros, menos siembra y alimentos más costosos

A esta presión se suma el incremento sostenido del costo de los fertilizantes. La alta dependencia del Perú de insumos importados nos vuelve vulnerables a los cambios del mercado internacional.

Cuando los costos suben, los pequeños productores reducen sus áreas de cultivo, se endeudan o abandonan la actividad. Esto impacta directamente en la seguridad alimentaria nacional: menos producción significa alimentos más caros y menor acceso para las familias.

Obras que no avanzan convierten riesgos en desastres

Cada temporada de lluvias vuelve a evidenciar el mismo problema: infraestructura de prevención inconclusa o inexistente. No se trata solo de fenómenos naturales. Se trata de falta de ejecución, seguimiento y responsabilidad en la inversión pública.

Una obra que no se termina a tiempo no es solo un retraso administrativo. Es una comunidad que queda expuesta.

Propuestas concretas para anticipar la crisis

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser más improvisación. Se necesita una estrategia clara de prevención y acompañamiento directo al productor.

• Entre las medidas planteadas está la implementación de auditorías mensuales a las obras de prevención agraria, para asegurar que los presupuestos se ejecuten correctamente y a tiempo.

• Asimismo, se propone un plan nacional de reservorios y manejo hídrico, que permita aprovechar las lluvias cuando son abundantes y reducir el impacto cuando se convierten en amenaza.

• A nivel ciudadano, una de las iniciativas clave es la creación de sistemas de alerta temprana en tiempo real para productores, incluso mediante herramientas accesibles como mensajes por WhatsApp, que permitan anticipar eventos climáticos y proteger cosechas.

Ordenar el agro es proteger el futuro del país

Proteger el agro no es una agenda sectorial. Es una decisión estratégica para garantizar estabilidad económica, precios accesibles y desarrollo sostenible.

La seguridad alimentaria comienza con planificación territorial. Si ordenamos el agro, anticipamos. Y si anticipamos, salvamos cosechas, empleo y el acceso de millones de peruanos a alimentos básicos.

El Perú no puede seguir esperando a que la crisis lo alcance.

La pregunta es clara:
¿Vamos a seguir reaccionando tarde o vamos a empezar a anticiparnos como país?

El cierre de 94 puertos en el litoral peruano por oleajes anómalos ha vuelto a paralizar gran parte de la actividad marítima del país. Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, las restricciones afectan 23 puertos en el norte, 50 en la zona central y 21 en el sur, como medida preventiva ante la intensidad del mar.

La decisión no es sorpresiva. Cuando el oleaje se intensifica, la prioridad debe ser proteger la vida humana y evitar accidentes en embarcaciones o infraestructura portuaria. La Marina de Guerra ha advertido que las condiciones del mar pueden pasar de moderadas a fuertes, lo que obliga a suspender temporalmente operaciones pesqueras, recreativas y portuarias. Pero el problema no es el cierre de los puertos, sino lo que ocurre después.

Cada vez que el mar se cierra, miles de pescadores artesanales quedan automáticamente sin ingresos. La pesca artesanal depende de jornadas diarias: si la embarcación no sale, simplemente no hay pesca, y si no hay pesca, no hay ingreso para la familia. En las comunidades costeras esto no es un detalle menor. En muchas caletas, la economía local depende casi por completo de la pesca y de las actividades asociadas al mar. Cuando el oleaje obliga a suspender las faenas, restaurantes, pequeños comercios y servicios turísticos también se detienen.

Sin embargo, el país sigue reaccionando como si este fuera un fenómeno extraordinario. No lo es.

Los oleajes anómalos son recurrentes en el litoral peruano y forman parte de la dinámica natural del Pacífico. Las autoridades lo saben y los pescadores lo saben. Lo que no existe todavía es una política pública seria para enfrentar sus consecuencias económicas. El Perú se define como un país marítimo, pero en la práctica sigue gobernándose como si el mar fuera un asunto marginal.

La pesca artesanal representa el sustento directo de decenas de miles de familias y abastece una parte importante del pescado que consumen los peruanos. Aun así, cuando se paraliza la actividad por razones climáticas o de seguridad, el pescador queda completamente expuesto: sin seguro, sin mecanismos de compensación y sin herramientas financieras que le permitan afrontar esos días sin ingresos. Evidentemente estamos ante una falla estructural, pues hablamos de un país que tiene protocolos para cerrar puertos, pero no cuenta con políticas para proteger a quienes dependen de ellos.

En otras economías pesqueras, los sistemas de gestión marítima incluyen mecanismos de contingencia: seguros frente a paralizaciones climáticas, fondos de emergencia o esquemas de financiamiento que amortiguan los periodos en los que la actividad debe detenerse por razones de seguridad o conservación. En el Perú, en cambio, cada oleaje vuelve a mostrar el mismo vacío institucional: la falta de discusión sobre una política marítima moderna que reconozca la importancia de la pesca artesanal y la integre plenamente a la agenda económica del país.

Seguridad económica ante condiciones climáticas adversas

Primero, el país necesita mecanismos de seguridad económica para los pescadores artesanales cuando las condiciones climáticas obligan a suspender la actividad. No se trata de subsidios permanentes, sino de instrumentos de contingencia para una actividad que depende directamente del comportamiento del mar.

En el Perú, más de 80 mil pescadores artesanales dependen de jornadas diarias de captura, lo que significa que cada cierre de puertos impacta de inmediato en el ingreso familiar. A diferencia de otros sectores productivos, el pescador no cuenta con seguros frente a paralizaciones climáticas ni con fondos de contingencia que amortigüen esos periodos sin actividad.

Una política marítima moderna debe reconocer que el riesgo climático es estructural en la pesca y gestionarlo con herramientas económicas que permitan proteger a quienes viven del mar.

Formalización y financiamiento para el sector

El segundo desafío es avanzar hacia una formalización progresiva acompañada de acceso real a financiamiento. Hoy miles de pescadores artesanales operan con embarcaciones pequeñas, tecnología limitada y escaso acceso a crédito productivo.

La informalidad en el sector no es solo un problema regulatorio; es también una forma de exclusión financiera. Un pescador que no puede demostrar ingresos formales difícilmente accede a crédito para renovar su embarcación, mejorar sus artes de pesca o invertir en sistemas de conservación. Facilitar crédito productivo, asistencia técnica y acceso a tecnología permitiría mejorar la productividad de las caletas y reducir la dependencia absoluta del ingreso diario.

Implementación de una estructura pesquera moderna

Muchas caletas del país siguen operando con instalaciones precarias que limitan tanto la seguridad de las embarcaciones como el valor comercial del pescado. En numerosos puntos del litoral, los pescadores deben desembarcar su producto sin muelles adecuados, servicios logísticos ni cadena de frío. Esto reduce la calidad del pescado y limita su valor en el mercado.

Modernizar desembarcaderos pesqueros artesanales, infraestructura de frío y servicios logísticos no solo mejora la seguridad del sector, sino que también fortalece la competitividad de la pesca artesanal y dinamiza las economías costeras.

En síntesis, el Perú no puede seguir reaccionando a los oleajes como si fueran eventos excepcionales. Son parte de la dinámica de nuestro litoral y deben formar parte de una política marítima seria que proteja a quienes viven del mar, porque un país que se reconoce marítimo no puede seguir dándole la espalda a sus pescadores.

La salud mental debe comprenderse como un componente integral del desarrollo humano. Su impacto se evidencia en indicadores sociales como la violencia familiar, el rendimiento educativo, la estabilidad laboral y la cohesión comunitaria. En ese sentido, la ausencia de políticas preventivas sostenidas genera costos sociales acumulativos que terminan trasladándose a los sistemas de justicia, seguridad y salud. Cuando estos problemas no se atienden a tiempo, las consecuencias no solo afectan a individuos, sino a comunidades enteras.

La prevención temprana como eje de política pública

Uno de los aspectos que más preocupación genera es pensar en los niños que crecen en entornos de violencia o abandono emocional sin recibir apoyo oportuno. Debido a ello, uno de los consensos técnicos más relevantes es la necesidad de intervenir desde etapas tempranas del ciclo de vida. La incorporación de asistencia psicológica obligatoria en el entorno escolar aparece como una herramienta clave para identificar de forma oportuna situaciones de violencia doméstica, traumas infantiles o problemas de conducta. Este enfoque preventivo permitiría reducir riesgos futuros asociados a criminalidad, feminicidios y conflictos sociales. Se trata, en esencia, de proteger la salud emocional desde los primeros años de vida.

Asimismo, estimo que la formación de familias mediante programas educativos, como escuelas de padres, contribuiría a fortalecer entornos protectores y a evitar la reproducción intergeneracional de patrones de violencia. Este tipo de intervenciones no solo tiene efectos sociales positivos, sino que representa una inversión costo-efectiva para el Estado al disminuir la demanda futura de servicios especializados. Fortalecer a las familias significa prevenir sufrimiento futuro y construir entornos más seguros para las nuevas generaciones.

Financiamiento y gestión: el desafío de la sostenibilidad

La preocupación ciudadana también se expresa cuando se observa que un problema tan sensible recibe una atención presupuestal limitada.Por ende, desde lo analizado en la entrevista, otro aspecto central del debate público es la distribución del gasto estatal. Si bien el Perú mantiene indicadores macroeconómicos estables en la región, persisten desafíos en la asignación eficiente de recursos. Especialistas coinciden en que el fortalecimiento de la salud mental no requiere únicamente mayor presupuesto, sino también una reorientación del gasto hacia programas preventivos y comunitarios.

En esa línea, considero necesario garantizar un financiamiento estable y protegido para este sector, similar al modelo aplicado a programas sociales estratégicos. La consolidación de una política de Estado permitiría asegurar continuidad en las intervenciones y evitar retrocesos asociados a cambios de gestión gubernamental. Dar estabilidad a estas políticas significa ofrecer tranquilidad y esperanza a miles de familias.

Regulación social y educación cívica como factores protectores

La salud mental también se construye en el entorno cotidiano donde crecen los niños y adolescentes. Por esto, en la entrevista también he señalado que la salud mental también se ve influida por el entorno social y cultural. El incremento de contenidos violentos en medios y plataformas digitales ha generado preocupación respecto a su impacto en niños y adolescentes, especialmente en la normalización del acoso y las conductas agresivas. En este contexto, el rol regulador del Estado se orienta a establecer marcos que protejan a las poblaciones vulnerables sin afectar libertades fundamentales. Proteger la mente de los jóvenes implica cuidar el ambiente en el que se desarrollan.

Asimismo, considero que la educación cívica se perfila como un instrumento preventivo relevante. La difusión de derechos, deberes y consecuencias legales contribuye a reducir comportamientos violentos asociados al desconocimiento normativo, fortaleciendo la convivencia y el respeto institucional. En otras palabras, una sociedad informada es también una sociedad emocionalmente más sana.

Bienestar laboral y cobertura pública: retos para el futuro

La salud mental no termina en la infancia; acompaña a las personas durante toda su vida. Por ejemplo, desde mi punto de vista el ámbito laboral constituye otro espacio clave para la promoción de la salud mental. Políticas orientadas al equilibrio entre vida personal y trabajo, así como la ampliación de facultades de supervisión en materia de bienestar emocional, pueden contribuir a reducir el estrés, el hostigamiento y los conflictos organizacionales. Estas medidas, además, tienen impactos positivos en productividad y estabilidad económica. Un trabajador emocionalmente sano también es un ciudadano más pleno y comprometido.

Finalmente, el principal desafío estructural sigue siendo ampliar la cobertura pública en salud mental, garantizando atención oportuna y accesible. El fortalecimiento de este sector no solo responde a una demanda sanitaria, sino que constituye una estrategia integral para reducir la violencia, mejorar la cohesión social y promover un desarrollo sostenible. Priorizar la salud mental significa apostar por una sociedad más empática, más segura y con mayores oportunidades para todos. En ese sentido, su consolidación como prioridad nacional representa un paso fundamental hacia una sociedad más equilibrada, resiliente y humana.

Desde el año 2000, hemos visto cómo las planillas estatales crecen y los sueldos se incrementan, pero las brechas en agua, salud y educación permanecen estancadas. El problema es estratégico: un Estado que se «sirve» de la gente en lugar de servirle.

La tecnología contra la mala gestión pública

Para romper este ciclo de conformismo, la transformación digital es nuestra mejor herramienta. No se trata de inventar soluciones futuristas, sino de ejecutar lo que ya existe. Contamos con marcos normativos y plataformas en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que podrían garantizar que cada sol invertido sea rastreable, pero falta la decisión política de integrarlas sistemáticamente.

Un ejemplo claro es el combate a la delincuencia. Hoy es técnicamente posible rastrear una ubicación de extorsión o identificar a un titular de cuenta en tiempo real bajo la flagrancia digital. El Estado posee tecnología de inteligencia financiera y geolocalización a la que ningún ciudadano tiene acceso, pero si no hay equipos técnicos capaces de operarla, esas herramientas son solo promesas vacías.

Sin embargo, no podemos hablar de una verdadera participación ciudadana si ignoramos que hoy la voz de la gente corre por canales digitales. Si el acceso a internet es desigual, nuestra democracia también lo es. Reducir la brecha digital no es un tema técnico, es un imperativo democrático.

Las cifras del INEI para el III trimestre de 2025 son un llamado de alerta: mientras el 78,7% de los hogares en Lima Metropolitana tiene internet, en el área rural apenas llegamos al 23,6%. Esta distancia no es solo una estadística; es la diferencia entre poder fiscalizar una obra desde tu celular o quedar excluido de las decisiones que afectan a tu comunidad.

Tener una conexión no garantiza que una persona pueda ejercer su ciudadanía. La realidad es que solo el 37,7% de los hogares peruanos cuenta con una computadora, y en las zonas rurales esa cifra cae al 11%. En un mundo donde estudiar o completar un formulario público es más sencillo con una PC, estos datos marcan un límite concreto a la igualdad de oportunidades.

Debemos entender que existe lo que yo llamo la «brecha de habilidades». Saber navegar en una mesa de partes virtual, realizar el seguimiento de un expediente o participar en una consulta pública vinculante no debería ser un privilegio de pocos. Si el Estado se digitaliza pero no acompaña, no forma y no simplifica sus procesos para el ciudadano de a pie, solo está cambiando la vieja y tediosa cola física por una nueva frustración virtual que aleja aún más al pueblo de sus instituciones.

La participación ciudadana digital solo es funcional cuando existen reglas claras, canales intuitivos y, sobre todo, respuestas concretas. Un Estado que respeta a su gente es aquel que diseña sus plataformas con lenguaje claro, procesos cortos y accesibilidad total. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2025 ya hay 6 mil millones de personas conectadas en el mundo; el reto global ha dejado de ser solo «estar conectado» para centrarse en que esa conexión sea útil, estable y, por encima de todo, asequible para los sectores más vulnerables.

Como alguien que ha dedicado años a la normalización técnica y al diseño de modelos de gestión urbana, me niego a aceptar que vivir con miedo sea nuestro destino. La inseguridad en el Perú ha alcanzado niveles inaceptables, y mientras el debate político se pierde en retórica, la inseguridad y delincuencia avanza con una organización que el Estado aún no logra replicar. Sin embargo, mi visión es clara: la tecnología no es un adorno futurista, es el arma más potente que tenemos para recuperar nuestras calles.

El mayor aliado del delincuente en el Perú es la fragmentación. Hoy, el esfuerzo de seguridad es un archipiélago: cada uno de los 1,872 distritos tiene su propia central y sus propias cámaras que, absurdamente, no se comunican entre sí. Un criminal puede cometer un delito en un distrito y desaparecer simplemente cruzando una calle hacia el vecino, porque la información no fluye.

Anticipar antes que lamentar por la inseguridad

Una verdadera ciudad inteligente utiliza la Inteligencia Artificial (IA) y la analítica de datos para dejar de ser reactiva. No podemos seguir dependiendo de que alguien vea una pantalla después de que el robo ocurrió. La vigilancia predictiva permite detectar patrones de conducta, identificar zonas de alto riesgo y movimientos sospechosos de manera automatizada.

Las mejores prácticas internacionales demuestran que, cuando los sistemas de videovigilancia se integran con bases de datos criminales y reconocimiento de placas, la capacidad preventiva del Estado se multiplica. Mi función no será ofrecer tecnología como un regalo, sino establecer las reglas que obliguen a la modernización de nuestras fuerzas de seguridad bajo estándares internacionales de gestión.

La seguridad ciudadana efectiva se mide en segundos. En una ciudad inteligente, un incidente detectado por un sensor o reportado por un ciudadano dispara una alerta automática a la unidad más cercana, sin importar si es Policía Nacional o Serenazgo. La digitalización permite una respuesta oportuna y eficaz, eliminando la burocracia que hoy cuesta vidas.

Para lograr esto, la infraestructura digital debe conectar directamente a las municipalidades con los ministerios. Mi experiencia en normalización técnica me permite asegurar que el Perú adopte protocolos de ciberseguridad que protejan los datos del ciudadano, pero que a la vez permitan que la información vital fluya para optimizar el gasto público en operativos de alto impacto.

Un llamado al liderazgo con conocimiento técnico

El camino hacia la Organización para la cooperación y el desarrollo económico y hacia un Perú seguro no es una promesa lejana; es una tarea de unidad y decisión política. Necesitamos un liderazgo central capaz de articular a todos los niveles de gobierno hacia un solo norte. Yo miro el futuro con realismo: el avance puede ser mucho más rápido si existe voluntad y, sobre todo, si existe conocimiento técnico para conducir el cambio.

A los votantes les hago un llamado a informarse: el Perú tiene oportunidades inmensas para industrializarse y crecer, pero nada de eso será posible si no garantizamos la paz en nuestras calles. La tecnología es el acelerador del orden, la eficiencia y la justicia social. Es momento de elegir liderazgos que combinen la voluntad con la técnica para construir, finalmente, un país donde vivir bien sea la norma y no un privilegio.

En conclusión, enfrentar la inseguridad en el Perú no es una tarea que deba dejarse al azar o a la improvisación de cada gestión de turno. Si realmente aspiramos a reducir los índices de inseguridad de manera drástica, debemos apostar por un modelo de ciudades inteligentes donde la tecnología y la voluntad política trabajen en conjunto. La inseguridad no desaparecerá por sí sola; requiere una estrategia técnica, conectada y valiente que ponga la tranquilidad del ciudadano por encima de cualquier obstáculo burocrático. Solo así, transformaremos el miedo actual en un futuro de orden y paz para todos los peruanos.

Hoy en día, nuestras urbes concentran los desafíos sociales, económicos y ambientales más grandes de nuestra historia, pero también son el escenario de las mayores oportunidades. Por eso, apostar por las ciudades inteligentes no es un lujo ni una moda pasajera; es una necesidad política imperante. El debate crucial que debemos tener no es sobre qué tecnología comprar, sino sobre cómo establecer reglas de juego claras, métodos eficaces y procesos robustos que nos permitan planificar y gestionar el territorio de manera coherente y, sobre todo, sostenible en el tiempo.

El factor humano detrás de las ciudades inteligentes

Desde mi perspectiva, entiendo por qué mucha gente imagina ciudades inteligentes como un lugar repleto de pantallas y anuncios rimbombantes, pero si nos ponemos en los zapatos de una familia peruana promedio, la pregunta esencial no es qué tan moderna se ve su calle, sino qué tan bien funciona. De nada sirve vivir en una ciudad que parezca futurista si todavía perdemos horas en trámites engorrosos, si seguimos esperando un transporte público ineficiente o si caminar por la noche sigue siendo sinónimo de miedo.

Por eso, cuando hablo de ciudades inteligentes, prefiero aterrizar el concepto a lo cotidiano. Para una madre o un padre de familia, la inteligencia urbana se manifiesta en cosas concretas: calles seguras, trámites simplificados, acceso a una vivienda digna y un transporte público predecible. Eso es lo que realmente impacta en el día a día. Es lo que reduce el estrés de la jornada y lo que devuelve tiempo, calma y oportunidades que no tienen precio.

Seguridad y bienestar: Los pilares de la gestión

La seguridad es, sin duda, el indicador más directo de que algo está funcionando bien. Una familia percibe la inteligencia de su entorno en los detalles: poder caminar sin mirar por encima del hombro, saber que el trayecto de los hijos al colegio es seguro o que el parque del barrio es un espacio de esparcimiento y no un lugar que hay que evitar. Una ciudad bien iluminada y cuidada es el primer paso para recuperar la confianza en lo público.

Además, una verdadera ciudad inteligente debe aliviar el desgaste burocrático que tanto nos agota. No se trata solo de pasar los formularios de papel a una página web, sino de simplificar procesos de raíz. Significa eliminar pasos innecesarios, definir plazos realistas y dejar de pedir información que el Estado ya tiene en sus bases de datos. Cuando logramos esto, la ciudad le devuelve al ciudadano algo invaluable: tiempo para estar con la familia, para trabajar mejor o simplemente para un descanso merecido.

Por otro lado, la predictibilidad es la base de un transporte público confiable. Una ciudad inteligente es, por esencia, una ciudad que no te sorprende negativamente. No busco una perfección utópica, sino un sistema en el que se pueda planificar el día sin la incertidumbre de no saber a qué hora llegarás a casa. Esto se logra con rutas diseñadas con lógica, un mantenimiento vial que no sea solo un «parche», fiscalización constante y el uso de datos reales para gestionar el tráfico, dejando de lado las suposiciones o el «olfato» político.

En definitiva, las familias peruanas no están pidiendo una ciudad de ciencia ficción, sino una ciudad que funcione, incluso cuando nadie la está observando. Necesitamos urbes ordenadas, seguras y habitables, donde vivir bien deje de ser un privilegio de pocos para convertirse en la norma. Una ciudad inteligente es aquella que, en cada decisión, pone a las personas en el centro de su visión. Solo así pasaremos del caos a un orden que nos permita, por fin, progresar con dignidad.

La vivienda propia es mucho más que un simple bien patrimonial; es un derecho, un pilar de inclusión, estabilidad y desarrollo nacional. Sin embargo, para miles de peruanos, este sueño se ve amenazado por la informalidad y la falta de acceso a condiciones seguras, especialmente en distritos como Villa María del Triunfo (VMT). He dedicado más de 20 años de mi vida a trabajar para que los sectores informales puedan acceder al medio que los lleve de la invisibilidad a la ciudadanía económica. Desde mi experiencia, creo que con voluntad política y un diseño adecuado, es posible convertir el sueño de la vivienda propia en una realidad accesible y, sobre todo, segura.

En Villa María del Triunfo, la realidad es alarmante: viviendas construidas donde se puede, no donde es seguro. En zonas de laderas, muchas nacen sin estudio de suelo, sin diseño estructural y sin supervisión técnica. Esto no solo se traduce en paredes débiles o techos improvisados, sino en un miedo constante. Vivir «agarrado» a una pendiente, con el temor de que cualquier grieta o llovizna fuerte se convierta en una amenaza, no es una forma digna de vivir. El primer paso es decirlo sin rodeos: el problema no es la gente, sino el desorden urbano que la empuja a ubicarse en lugares jamás habilitados para vivienda.

¿Cómo reorientar los programas de vivienda propia?

Es necesario hacer una autocrítica sobre las políticas pasadas. Durante mucho tiempo, los bonos habitacionales se concentraron en los sectores B y C, dejando de lado a las familias con menos recursos. Como consecuencia, los hogares de los sectores D y E no tuvieron otra opción que seguir construyendo de manera informal, lejos del respaldo estatal que más necesitaban.

Hoy, calculamos que más de 25,000 personas podrían acceder a una vivienda formal si tan solo ofreciéramos un entorno debidamente planificado. No obstante, debemos entender que una ciudad no se construye únicamente con edificios de departamentos. Si proyectos como la Ciudad Bicentenario aspiran a ser verdaderos polos de desarrollo, deben concebirse como ecosistemas urbanos integrales que incluyan conectividad masiva, salud pública de calidad, plataformas intermodales y un impulso real al Parque Industrial de Ancón.

Además, es urgente abordar la crisis de los servicios básicos que hoy fallan y agravan la vulnerabilidad en distritos como VMT. La falta de agua potable, el colapso recurrente de los desagües y una gestión deficiente de los residuos sólidos transforman cualquier cambio climático en una amenaza mortal. Si el saneamiento y la limpieza no funcionan, el riesgo se multiplica. Para construir un distrito digno, necesitamos que estos servicios esenciales dejen de ser una «lotería» y se conviertan en una garantía para cada vecino.

Finalmente, es crucial combatir con mano dura el tráfico de terrenos, un mal que envenena cualquier intento de mejora urbana. Cuando el suelo se vuelve un negocio ilegal, la ciudad pierde el control y el ciudadano pierde su seguridad. Este no es solo un problema policial; es un desafío de gobernanza que se combate con la presencia real del Estado, trazabilidad de predios y procesos de formalización rápidos y transparentes que dejen sin espacio a la criminalidad.

Una vivienda no puede ser una sentencia de riesgo. Villa María del Triunfo y el Perú entero no pueden seguir creciendo bajo la sombra del miedo. Si aplicamos una visión de ciudad inteligente, centrada en prevenir y ordenar, podremos romper por fin el ciclo de la emergencia permanente. Solo así convertiremos nuestras zonas urbanas en lugares habitables y dignos donde vivir mejor sea, por fin, una realidad para todos.

El primer paso, crucial para el éxito, es realizar estudios exhaustivos del área y su planificación. Desde mi experiencia en Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), pienso que el Perú necesita una planificación territorial técnica y preventiva. Es fundamental no repetir el crecimiento urbano desordenado que ha aumentado nuestra vulnerabilidad por la falta de articulación entre los niveles de gobierno. La Ciudad Bicentenario, ubicada estratégicamente en el Corredor Logístico del Pacífico, no solo debe ser un lugar para vivir, sino un motor de empleo, oportunidades y desarrollo para todos los peruanos.

El diseño de la Ciudad Bicentenario en Ancón

El proyecto en el distrito de Ancón consta de diversas etapas para su adecuada implementación. En primer lugar, el desarrollo de Ancón no es un dibujo al azar; comienza con una zonificación estratégica para dar orden al territorio y, lo más importante, con una habilitación urbana real. Esto significa algo tan básico pero urgente como garantizar que cada familia tenga luz, agua y desagüe desde el primer día. Además, el diseño no se queda en el papel: buscamos un uso eficiente del suelo y una conectividad real con el centro de Lima.

Mucho se habla de sostenibilidad, pero para mí, construir una ciudad así significa asegurar que la gente viva bien, que haya trabajo y que nadie se quede atrás. Las ciudades son imanes de oportunidades, pero también pueden ser nidos de desigualdad si no nos anticipamos. Por eso, no podemos seguir improvisando. Necesitamos una visión de largo plazo que analice desde los riesgos geográficos hasta la verdadera vocación económica de la gente. Solo así podemos estructurar políticas que se sostienen sobre tres pilares: resiliencia, sostenibilidad y tecnología humana.

El primer paso hacia una ciudad inteligente es la resiliencia. No es un término técnico; es, simplemente, capacidad de respuesta. Significa que los gobiernos —desde el local hasta el central— dejen de ser reactivos y empiecen a ser preventivos. Una administración resiliente no espera a que ocurra el desastre para ver qué hacer; identifica los riesgos antes y planea escenarios. Cuando una crisis golpea, la respuesta no puede ser un «veremos»; las familias necesitan soluciones inmediatas y efectivas que les permitan recuperar su tranquilidad rápido.

El segundo pilar es la sostenibilidad, pero entendida con los pies en la tierra. No existe un molde único que funcione para todos; cada localidad debe diseñar su camino según su propia realidad. Planificar con enfoque territorial es entender que el desarrollo no se trata de copiar modelos extranjeros, sino de potenciar lo que ya tenemos. Cuando la política pública realmente «conversa» con lo que la comunidad produce y sueña, el crecimiento deja de ser solo una cifra y se convierte en bienestar real, con identidad y orgullo local.

Finalmente, la tecnología debe ser nuestra aliada cotidiana. Cuando hablo de «ciudades inteligentes», no me refiero a rascacielos de ciencia ficción, sino a herramientas que le hagan la vida más fácil al ciudadano. Puede ser algo tan sencillo como una plataforma municipal donde un emprendedor local pueda vender sus productos al mundo o donde un vecino sepa exactamente en qué se gasta su presupuesto. La digitalización es, ante todo, transparencia. Nos permite monitorear el transporte en tiempo real, optimizar rutas y, sobre todo, recuperar la confianza en nuestras autoridades. No estamos hablando de un sueño imposible, sino de un objetivo realista donde la tecnología sirve para que el servicio público sea eficiente y accesible para todos los peruanos.

Estos tres pilares se encuentran en un solo punto: una gestión que escuche y ejecute con responsabilidad. Reestructurar el Perú implica, de una vez por todas, cambiar la lógica de la improvisación por una cultura de planificación estratégica. Debemos poner el desarrollo al servicio de las personas y no de intereses dispersos. Vivir bien es un derecho, no un privilegio.

Si logramos que Ancón se consolide bajo estos criterios técnicos y humanos, habremos demostrado que en nuestro país sí se puede planificar con visión de futuro. La Ciudad del Bicentenario es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio.

Y tú, después de ver este panorama, ¿qué tipo de ciudad quieres dejarle a los que vienen después?

He dedicado años a trabajar en causas sociales, buscando alternativas a este patrón de improvisación. Una de esas experiencias fue la Ciudad Urbana Sostenible de Ancón, un proyecto que demuestra que es posible planificar con visión a largo plazo. Esta iniciativa, respaldada por la Ley N° 31293, busca transformar no solo lugares públicos, sino también vidas. En Ancón, enfrentamos desafíos como la escasez de recursos y la resistencia al cambio, pero logramos implementar soluciones innovadoras en vivienda social, gestión de residuos y acceso a servicios básicos, mostrando que la planificación urbana es posible incluso en contextos difíciles.

Pero, ¿por qué es tan importante la planificación urbana? El caos urbano afecta directamente nuestra calidad de vida, limitando oportunidades y profundizando brechas sociales. No se trata solo del tráfico o el desorden físico, sino de una estructura institucional que no ha logrado anticiparse al crecimiento demográfico y económico. Desde la Organización de Desarrollo Urbano Sostenible, que presido desde 2015, hemos trabajado para establecer bases sólidas para un crecimiento responsable de la infraestructura en el Perú.

Nuestro país apenas construye el 25% de lo que debería para ser considerado en desarrollo, lo que evidencia un déficit estructural. No se trata únicamente de impulsar la economía, sino de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Además, la falta de planificación urbana tiene un costo económico significativo. La expansión informal eleva el gasto público, ya que ordenar lo que creció sin planificación cuesta más del doble que prevenirlo. El caos urbano termina siendo no solo socialmente injusto, sino económicamente ineficiente.

El principal obstáculo de la planificación urbana

Sin embargo, el principal obstáculo que he encontrado no es la falta de propuestas, sino la ausencia de decisión política sostenida. Muchos proyectos de mediano y largo plazo se paralizan cuando cambia la gestión, debilitando la confianza ciudadana. Durante más de una década, no se ha logrado entender que el caos urbano se alimenta de esa discontinuidad, perdiendo inversión, tiempo y oportunidades. Dejar obras a medias equivale a malgastar recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Necesitamos una visión a largo plazo que trascienda los periodos de gobierno, como la que vemos en ciudades como Medellín (Colombia), que ha transformado barrios marginales a través de la inversión en infraestructura y programas sociales.

Actualmente, alrededor de dos millones de peruanos no cuentan con viviendas en condiciones adecuadas, lo que ha impulsado asentamientos informales donde acceder a servicios básicos puede tomar décadas. Una vivienda digna no es solo un techo con servicios, sino también acceso cercano a trabajo, educación, salud y espacios públicos. Es crucial avanzar hacia procesos modernos y digitalizados que agilicen trámites y reduzcan la burocracia que retrasa proyectos estratégicos. La tecnología puede jugar un papel crucial en este proceso, desde la recopilación y análisis de datos para la toma de decisiones hasta la implementación de sistemas de transporte inteligentes que optimicen el flujo de tráfico.

Creo firmemente que vivir mejor es posible si asumimos que el desorden no es normal. Solo así podremos construir ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes, donde el desarrollo económico camine de la mano con el bienestar social y aunque el desafío es grande, también lo es la oportunidad de demostrar que el caos urbano puede convertirse en orden, planificación y esperanza.